PRD hace llamado a preservar la Ley 87-01
El PRD observa con preocupación las voces que insisten en la entrega del 30% de los fondos de las AFPs a los trabajadores, sin ponderar el efecto negativo que tendría despojar a la clase trabajadora de los recursos necesarios para jubilarse al momento de retirarse de la edad productiva.
Decirle al trabajador dominicano que costee con lo ahorrado para su jubilación, los efectos de la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19, es una irresponsabilidad, ya que coarta la iniciativa solidaria del Estado Dominicano de implementar las políticas sociales necesarias, para ir en auxilio de los trabajadores más vulnerables, con especial énfasis en los del sector informal que hoy representan el 58% de la mano de obra dominicana.
La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social es una de las reformas más importantes implementadas en el país, y fue precisamente un logro que dejó como legado el Partido Revolucionario Dominicano. La misma se rige entre otros, por principios de solidaridad, universalidad, integralidad y equidad.
En ese sentido cabe destacar que fue impulsada a través de un acuerdo tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores, en busca de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, por ende, cualquier modificación a la misma debe realizarse sobre la base de un consenso entre dichos actores.
Desde el punto de vista económico, los fondos de pensiones han contribuido a crear una base sólida de ahorro nacional, que supera los RD$700 mil millones de pesos, y que se encuentran invertidos en títulos de valores que están dinamizando la actividad productiva, generando empleos, y pagando una de las más altas tasas de rentabilidad de la región de América Latina a las cuentas de capitalización individual del trabajador dominicano.
Salir de repente a retirar esas inversiones asestaría un duro golpe al clima de negocios, poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica de la República Dominicana. En el ámbito macroeconómico, poner a circular la cantidad de recursos que implica el 30%, aumentaría desproporcionadamente la masa monetaria, y sobrecalentaría la economía por la gran demanda de bienes y servicios que generaría.
Esa situación amenazaría gravemente la estabilidad macroeconómica, que es uno de los grandes atributos de nuestro país para atraer inversión extranjera. Sabemos de antemano que se generaría un proceso inflacionario y un aumento indeseado del tipo de cambio del dólar y de la tasa de interés.
En ese mismo orden, en completo desinterés del bienestar de nuestra gente, se obvia el impacto a futuro del monto de las pensiones, las cuales se verán reducidas significativamente, y se desestiman las demás prestaciones que el sistema garantiza a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia.
Entendemos en ese sentido, que toda propuesta de mejora a la Ley 87-01 debe ser inicialmente canalizada ante los sectores que forman parte del pacto social convocado por el gobierno, previendo un anteproyecto consensuado que pueda someterse a la comisión bicameral que para tales fines ha sido designada en el Congreso Nacional. Estamos conscientes de que ninguna obra humana es perfecta, pero sí es pasible de ser mejorada.
Aprovechamos la ocasión para hacer un llamado a la sensatez, para que todos los actores de la sociedad participen en la actualización de la Ley 87-01, y contribuyan a fortalecer el más importante instrumento de protección social con que cuenta el pueblo dominicano.
