Gobierno suspende contratos existían entre el MOPC y empresas para adquirir asfalto
El Gobierno anunció ayer que no renovará los contratos denunciados como leoninos que eran realizados en la pasada gestión desde el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para la adquisición de cemento asfáltico AC-30.
La información fue dada a conocer por Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto Herrera, viceministro del MOPC y Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, quienes afirmaron que en lo adelante habrá un nuevo proceso de licitación apegado a la ley y en términos competitivos e igualitarios.
Al hablar en rueda de prensa, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, precisaron que los referidos contratos se realizaron al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. En esta oportunidad las autoridades no ofrecieron los nombres de las empresas y los montos de dinero. Tampoco se estableció se habría sometimientos por las alegadas anomalías.
“Tradicionalmente, el negocio de AC-30, o cemento asfáltico, ha estado regulado mediante contratos que el Poder Ejecutivo considera inequitativos, en algunos casos ilegítimos y hasta leoninos. Es una decisión del Poder Ejecutivo disponer que las contrataciones sobre este importante producto estén reguladas mediante los principios de transparencia, equidad e igualdad”, estimó Peralta Romero.
Manifestó que los contratos que han sido sometidos a análisis, se ha observado que «no contienen cláusulas para regular la vigencia, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad, sanciones y solución de controversias, en violación al artículo 28 de la ley número 340-06; por lo que Obras Públicas pondera la posibilidad de que puedan ser terminados de manera unilateral».
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo, además, que se trata de contratos diferentes y que no están vinculados unos con otros.
Mientras que Roberto Herrera, viceministro del MOPC, hizo referencia a las circunstancias por las cuales se ha procedido a invalidar los contratos.
«Si bien el contrato fue registrado por la Contraloría General de la República con una vigencia desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2018, en su contenido no se verifica que esto haya sido convenido entre las partes, lo que conjuntamente con las demás omisiones señaladas, podría constituir una causa de invalidez del acuerdo, conforme a la citada disposición legal”, indicó.
Sostuvo, además, que los contratos validados por la pasada administración para la compra de asfalto, y que no serán renovados, se realizaron al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas «y apoyados en normativas derogadas, usando una modalidad de adendas para mantenerse haciendo negocio con el Estado dominicano en la venta de cemento asfáltico».
En tanto que Pimentel, de Compras y Contrataciones Públicas, reiteró que “dichos acuerdos no serán renovados y que en lo adelante tendrán que concursar en licitación competitiva, en igualdad de condiciones, donde todos los proveedores de ese producto tengan la oportunidad de participar y de esa forma liberalizar el comercio de AC-30 en República Dominicana”.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la pasada gestión mantenía contratos con varias empresas para suministrar cemento asfáltico AC-30 o PG-76, a su entera discreción, práctica amparada en un supuesto motivo de excepción que permitía la contratación exclusiva, en violación de la citada ley y sus principios.
